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Las compilación de las 935 mentiras utilizadas por la Administración Bush para desinformar sobre la situación en el Iraq anterior a la guerra sirve, más allá de la anécdota, para presentar en sociedad al Center for Public Integrity (www.publicintegrity.com), una organización periodística no partidista creada para producir y compilar piezas informativas sobre los grandes casos en los que el interés privado se ha servido de canales, agentes e instituciones públicas para lograr sus objetivos, siempre en el espacio de los EE UU. Aunque fue fundada en 1989, sus trabajos más interesantes se derivaron de la situación política creada entre el 11-S y la reelección de George W. Bush en 2004.

Del enorme peso que adquirieron ciertas firmas en aquellos momentos trata el proyecto Windfalls of War (ganancias inesperadas de la guerra), en el que se describen relaciones de interés puntuales entre corporaciones privadas y el Gobierno. Los criterios empleados se definen en función del capital donado para campañas electorales republicanas entre 1990 y 2002, y del percibido por la explotación de contratas adjudicadas a dedo para la reconstrucción del Iraq de postguerra. Según este informe, empresas como Halliburton (invirtió dos millones y ganó 11.000), Parsons Corp o Fluor Corp pueden presumir de un ratio de ganancias de uno a mil en esta provechosa relación. Continuando con esta lógica de explotación del espacio público, el centro ha desarrollado varios trabajos que investigan el clima de intrusión de las grandes industrias (armas, farmacéutica, medios) en los órganos ejecutivos estadounidenses.

Así, The Buying of the President completa el trabajo anterior desde una perspectiva más amplia (financiación electoral masiva a cambio de tutela y protección para actividades comerciales en todos los campos, en cuyo caso las estrellas son Enron y General Electric), y The Shadow Government se centra en un método de infiltración más sutil y generalizado como es el lobby, explicando las funciones de los más de 900 comités y comisiones que aconsejan a legisladores y congresistas sobre las políticas a seguir en aspectos como derechos humanos, cambio climático o financiación de la sanidad. Según el informe, estos instrumentos de la iniciativa privada consumen más de 400 millones de dólares en recursos públicos y emplean a más de 36.000 personas, de las cuales el 70% son reclutadas en las grandes multinacionales.